FORMULA DENUNCIA
Señora Procuradora General de la Nación:
GUSTAVO JAVIER VERA y PABLO BERGEL, en mi carácter de Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente al Bloque Bien Común, con domicilio real en la calle Perú Nº 160 de esta Ciudad, con el patrocinio letrado del Dr. Mario Fernando Ganora, abogado inscripto al T° 36 F° 227 del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, constituyendo domicilio procesal en la Avda. Callao Nº 178 Piso 5° de esta ciudad capitalina, domicilio electrónico:
mfjanos422@yahoo.com.ar, CUIL Nº 23111827079. a V.E.digo:
1.- OBJETO:
Que por las razones de hecho y de derecho que a continuación pasaré a exponer, vengo por la presente -en los términos del artículo 174 y cctes. del Código Procesal Penal de la Nación Argentina- a interponer formal denuncia contra el Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ing. Mauricio Macri, el Sr. Ministro de Seguridad y Justicia - Guillermo Montenegro, el Sr. Jefe de la Policía Metropolitana (en adelante PM) - Horacio Giménez, el Sr. Subjefe de la PM Ricardo Pedace, la Sra. Ministro de Seguridad de la Nación - Cecilia Rodríguez, el Sr. Secretario de Seguridad Interna - Sergio Alejandro Berni, y/o contra todo aquel que resulte responsable por los delitos de tráfico de estupefacientes, violación de los deberes de funcionario público, abandono de personas, abuso de autoridad y producción de actos discriminatorios, en su carácter de cómplice, partícipe, encubridor o instigador, tal como lo prevén la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los arts. 5 de la ley 23.737, 106 y 248 y 249 del Código Penal de la Nación Argentina.
2.- HECHOS:
La presente denuncia se formula en contra de los nombrados precedentemente, en virtud de los hechos que están aconteciendo en perjuicio de los habitantes del Barrio Presidente Arturo Illia, sito en la intersección de Ana Maria Janner, Agustin de Vedia, José Barros Pasos y Presidente Camilo Torres y Tenorio).
Tomé conocimiento en virtud de mis funciones que en el referido barrio existen organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que ejercen el control territorial del lugar pese a la presencia de la Gendarmería Nacional la que resulta aparentemente impotente para restablecer el imperio de la ley.
Las referidas organizaciones criminales han logrado generar de hecho una situación de dualidad de poderes en la que el Estado está siendo paulatinamente desplazado como institución soberana reguladora de las relaciones sociales. Esta dualidad de poderes se manifiesta de la siguiente manera:
En la instalación creciente y absolutamente impune de puntos fijos de venta de estupefacientes sea en kioscos, establecimientos comerciales, casas particulares y locales tipo búnkeres como los que operan en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.
Por la presencia permanente de autos de alta gama que a vista y paciencia de todo el mundo realizan el transporte y aprovisionamiento de la droga que se expende en los puntos de venta fijos. Cabe destacar que también se utilizan los referidos rodados para la venta al menudeo.
Por la presencia de grupos de personas armadas, en muchos casos integrados por menores, que hacen las veces de guardias de corps de los que trafican drogas o de los puntos fijos de venta. Son los llamados “soldados” en la jerga del narcotráfico.
Por el operar impune de estas bandas armadas que han establecido un sistema de recaudación de fondos basado en la extorsión (art. 168 C.P.) consistente entre otras cosas en el cobro de “peajes” a los vecinos para poder desplazarse de sus casas a los lugares de trabajo y viceversa, o aún para poder circular por el barrio. Todo esto, por supuesto, en violación al derecho de libre tránsito contemplado en los arts.14 C.N., ´VIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos . Cabe destacar también que las bandas de referencia controlan la provisión de determinados servicios como el de televisión por cable o la distribución de la correspondencia en el interior del barrio.
Por la violación sistemática del derecho a la libertad religiosa (arts 14 C.N., III de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) toda vez que las bandas armadas que manejan el narcotráfico impiden la construcción de templos religiosos y la práctica del culto en el interior del barrio. Esta brutal violación a la libertad de conciencia y de religión se debe a que, por un lado, se pretende que no exista propaganda contra el consumo de estupefacientes y, por el otro, incrementar los sentimientos de angustia, aislamiento y desesperación que impulsan a los desheredados del sistema a buscar la mitigación de sus sufrimientos en las drogas. La religión ofrece una esperanza a estas personas que los traficantes de drogas no están dispuestos a dejar que se expanda para evitar mermas en su clientela.
Todas estas circunstancias han sido puestas en conocimiento de las autoridades por parte de los vecinos del Barrio Arturo Illia En efecto, han formulado la correspondiente denuncia penal que está radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n° 5 (CFP 6961/2014). Se han dirigido por nota al entonces Sr. Ministro de Seguridad, Arturo Puricelli y luego al Sr. Secretario de Seguridad Interior, coronel Sergio Berni, a los fines de hacerles saber lo que estaba aconteciendo y pedir ayuda. También lo han hecho a la Dirección Nacional de la Gendarmería Nacional Incluso han solicitado audiencia a la señora Presidente de la República recibiendo como respuesta que ésta estaba demasiado ocupada como para atenderlos. Los vecinos también se han dirigido a las autoridades de la Comuna 7ª de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informando a sus autoridades de los problemas de seguridad que los aquejan también sin resultado alguno. A realidad es que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no han dado ninguna respuesta eficaz a sus reclamos.
