Algo huele mal en Dinamarca
El vocero presidencial y candidato a legislador en las próximas elecciones locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Manuel Adorni, fue beneficiado por una resolución de la Oficina Anticorrupción que no solo consideró que el economista libertario no debía ser apartado de la vocería durante el proceso electoral, sino que además avaló la publicación de una foto del candidato en redes sociales, asociada a una medida de gobierno.
De esta manera, y apartándose de lo que establecen las normas de ética pública, la Oficina Anticorrupción, a cargo del Dr. Alejandro Melik, quien es amigo del Ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, avaló la continuidad en el cargo de Adorni, así como la publicidad de la foto del Ministro, asociada a una medida de gobierno.
En efecto, el ente anticorrupción entendió que dado el rol personal que tiene la función de vocería, resulta inescindible de la imagen del vocero, la difusión de la obra de gobierno. Ahora bien, dicho argumento resulta extremadamente débil, por dos cuestiones:
La primera: justamente porque el rol del vocero torna inescindible su imagen de la difusión de la obra de gobierno, es que se había solicitado su apartamiento del cargo durante el proceso electoral.
La segunda: haber subido una foto a redes sociales asociada a la obra de gobierno no era parte de la función del vocero, es decir, de los anuncios que habitualmente realiza Adorni ante los medios de prensa, y que, lógicamente, se realizan de su propia boca y sin que sea posible excluir su imagen de lo que se comunica. En cambio, la foto en cuestión consistió en una pieza de difusión especialmente elaborada para asociar al candidato con una medida del gobierno nacional.
En efecto, si el gobierno deseaba comunicar en redes una determinada medida de gobierno, estaba en condiciones de hacerlo en las redes sociales, sin colocar ninguna foto elaborada de ningún funcionario, y menos la del dirigente que encabeza la lista de diputados de la Ciudad.
Lo decidido por la Oficina Anticorrupción es una de las tantas acciones de gobierno que degradan a las instituciones de la República y condicionan la credibilidad de nuestro país y, por lo tanto, su ansiada recuperación económica.
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