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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), como se explicó en reiteradas notas (acá y acá), estuvo intervenido entre 2007 y 2015. ¿Qué significa esto? A comienzos de 2007 el Gobierno por entonces liderado por Néstor Kirchner cambió a las autoridades del instituto. El actual precandidato presidencial, Alberto Fernández, todavía era el jefe de Gabinete de la Nación, ya que renunció a mediados de 2008.
A partir de entonces, se empezó a subestimar sistemáticamente la inflación en los datos oficiales. “Más allá de las explicaciones oficiales iniciales, se impuso en la opinión pública y en el ámbito académico la idea de que, lejos de explicarse por lógicas metodológicas, los cambios institucionales producidos en el INDEC respondían a la intencionalidad política de manipular los datos, y en particular el IPC [Índice de Precios al Consumidor]”, explican Sol Minoldo y Diego Born, ambos sociólogos, autores del libro Claroscuros: 9 años de datos bajo sospecha (disponible acá).
“La evidente distorsión del IPC, la falta de transparencia en algunas decisiones internas y procedimientos, arrastraron la credibilidad de otros datos producidos por el INDEC”, destacan Minoldo y Born.
La subestimación de la inflación también impactó en la medición de la pobreza, dado que el cálculo de la canasta básica se actualiza con la inflación, la cual finalmente en 2013 dejó de publicarse. Según informó entonces el INDEC en un comunicado, esto se debió a “severas carencias metodológicas” y por la incapacidad oficial de empalmar (es decir, volver comparables) dos series del IPC. Sin embargo, el entonces ministro de Economía y actual precandidato a gobernador bonaerense, Axel Kicillof, señaló en una entrevista que medir la pobreza era “estigmatizante”, y dijo que volverían a publicarse los datos, algo que nunca ocurrió bajo su gestión hasta 2015.
Además, también impactó en la medición del Producto Bruto Interno (PBI), el indicador que mide el tamaño de la economía nacional. Como se explicó en esta nota, los viejos datos del INDEC mostraban que entre 2003 y 2011 la economía creció todos los años -incluso en 2009, año de la crisis internacional, marcó un leve crecimiento de 0,05%-. Los nuevos datos oficiales, en cambio, muestran para 2009 una caída de -5,9%.
Como explica el economista Javier Lindenboim, se dejó trascender extraoficialmente que el motivo de las modificaciones estadísticas fue evitar un mayor pago de la deuda pública en pesos, que se ajustaba por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que variaba junto al IPC. Así, al informar una menor variación del IPC, se pagaría menos deuda. Pero ni siquiera está claro que la manipulación de las estadísticas haya servido para eso, ya que había otra deuda atada al crecimiento del PBI, que el INDEC sobreestimó. Según sostuvo Cynthia Pok, quien fue parte de la dirección del instituto de estadísticas, “los bonistas fueron francamente beneficiados con el fraude estadístico”.
También los datos de desempleo, medidos por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), dejaron de ser confiables. Estos datos, según explican especialistas, estaban distorsionados ya que transformaba a los desocupados (personas que no trabajan y buscan activamente empleo) en inactivos (personas que no trabajan pero no buscan activamente empleo, lo cual hace bajar el porcentaje de desocupados y subir el de inactivos, como se explicó en esta nota.
Por todo esto, el INDEC dispuso en 2016 (es decir, luego de la asunción de Mauricio Macri) “que las series publicadas con posterioridad al primer trimestre de 2007 y hasta el cuarto trimestre de 2015 deben ser consideradas con reservas”. El mismo criterio adoptaron distintos entes internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Minoldo y Born destacan en su libro que “los acontecimientos que rodearon la producción de estadísticas oficiales en Argentina entre 2007 y 2015 tiene una gravedad indiscutible”, aunque, dada la importancia de contar con estadísticas oficiales, los autores consideran relevante que el INDEC lidere un proceso de revalidación de los datos producidos entre 2007 y 2015.
En cuanto al funcionamiento actual, los propios opositores, como Fernández, destacan que funciona mejor, y no hay críticas serias a la credibilidad de sus datos.
