PAMP Pampa Energia S.A.
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
Recien anunciaron la perspectiva inflaccionaria 15% (2018) 10% ( 2019 ) y 5% ( 2020 ) espero que se de.Tengo la costumbre no solo escuchar sino prestarle atencion al lenguaje no verbal de los funcionarios que acompañan a sturt. Veremos como sigue esto...suerte! :arriba: :100:
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
Recien anunciaron la perspectiva inflaccionaria 15% (2018) 10% ( 2019 ) y 5% ( 2020 ) espero que se de.Tengo la costumbre no solo escuchar sino prestarle atencion al lenguaje no verbal de los funcionarios que acompañan a sturt. Veremos como sigue esto...suerte! :arriba: :100:
Re: PAMP Pampa Energia S.A.
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Aquí les dejo el LINK por si les interesa: https://www.facebook.com/MercadoTrading ... 7035660935
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joseenrique
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joseenrique
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Re: PAMP Pampa Energia S.A.
[b][/b] SEGÚN EL INDEC miércoles 27 de Diciembre de 2017
En octubre, la economía creció 5,2% (la suba más alta del año)
En octubre, la economía creció 5,2% (la suba más alta del año)
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joseenrique
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Re: PAMP Pampa Energia S.A.
POR HORACIO ALONSO.- jueves 28 de Diciembre de 2017
Suba del dólar provoca alarma en tomadores de créditos hipotecarios
DEBEN CUBRIR LA DIFERENCIA EN PESOS POR EL ALZA DEL TIPO DE CAMBIO - En un préstamo de u$s100.000, la suba de la moneda estadounidense en el mes significa un sobrecosto de $121.000 que debe afrontar el comprador.
Horacio Alonso
HORACIO ALONSO
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Suba del dólar provoca alarma en tomadores de créditos hipotecarios
DEBEN CUBRIR LA DIFERENCIA EN PESOS POR EL ALZA DEL TIPO DE CAMBIO - En un préstamo de u$s100.000, la suba de la moneda estadounidense en el mes significa un sobrecosto de $121.000 que debe afrontar el comprador.
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joseenrique
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Re: PAMP Pampa Energia S.A.
ambito
POR HORACIO ALONSO.- jueves 28 de Diciembre de 2017
Suba del dólar provoca alarma en tomadores de créditos hipotecarios
DEBEN CUBRIR LA DIFERENCIA EN PESOS POR EL ALZA DEL TIPO DE CAMBIO - En un préstamo de u$s100.000, la suba de la moneda estadounidense en el mes significa un sobrecosto de $121.000 que debe afrontar el comprador.
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POR HORACIO ALONSO.- jueves 28 de Diciembre de 2017
Suba del dólar provoca alarma en tomadores de créditos hipotecarios
DEBEN CUBRIR LA DIFERENCIA EN PESOS POR EL ALZA DEL TIPO DE CAMBIO - En un préstamo de u$s100.000, la suba de la moneda estadounidense en el mes significa un sobrecosto de $121.000 que debe afrontar el comprador.
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joseenrique
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Re: PAMP Pampa Energia S.A.
sl.agustinperez escribió:Como lo tomara el mercado???
devalueta encubierta x lo menos sacudira al verde si bajan la tasa las lebac iran al verde o lebac ya cerro hoy??
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joseenrique
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Re: PAMP Pampa Energia S.A.
sl.agustinperez escribió:Como lo tomara el mercado???
devalueta encubierta x lo menos sacudira al verde si bajan la tasa las lebac iran al verde o lebac ya cerro hoy??
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joseenrique
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Re: PAMP Pampa Energia S.A.
el cronista
Edición ImpresaALERTA EN LOS SINDICATOS POR UN NUEVO AVANCE OFICIAL Jueves 28 de Diciembre de 2017
El Gobierno busca limitar derecho a huelga y que el transporte sea un servicio esencial y no pare
En la previa a la reforma laboral, el Ejecutivo modificó la comisión que define qué sector no puede parar y corrió a los abogados laboralistas de la discusión
por ELIZABETH PEGER Y DAVID CAYÓN
[/size][/b]
0
La intención oficial apunta a evitar que el transporte "paralice el país"La intención oficial apunta a evitar que el transporte
El Gobierno modificó unilateralmente la conformación de la "comisión de garantías" un ente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y tiene por objeto determinar las actividades consideradas "servicios esenciales", las que están obligadas a garantizar una prestación mínima sin interrupciones frente a un paro o medida de fuerza.
La decisión, contenida en el decreto 1095/2017 publicado este martes en el Boletín Oficial, fue duramente cuestionada por organizaciones sindicales y laboralistas, quienes advirtieron que la medida constituye un renovado intento oficial por limitar el derecho a huelga en actividades que suelen ser clave para garantizar la contundencia de una protesta.
Esto fue certificado por una fuente del Ejecutivo nacional que reconoció a El Cronista que la estrategia es "avanzar rápidamente en declarar al transporte público un servicio esencial y que no puedan paralizarnos el país".
Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que es un "cambio normativo", pero reconocieron que "se trabajó con Modernización" sobre cuál es un servicio esencial. Consultados sobre el caso del transporte, desde el entorno de Triaca admitieron que "hay un pedido" para que se estudie y que esto "no constituye ninguna restricción al derecho a huelga".
La "comisión de garantías" fue creada por la ley 25.877 para determinar las actividades que pueden ser consideradas como servicios esenciales y que, por lo tanto, deben garantizar una prestación mínima. El artículo 24 establece esas actividades son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Pero la misma norma faculta a la Comisión para incorporar otros sectores cuando una medida de fuerza ponga en peligro la vida, seguridad o salud de la población o cuando se trate de un servicio trascendental.
En 2006 la gestión kirchnerista estableció que la comisión la integren un representante de la CGT, uno de las cámaras empresarias, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Consejo Interuniversitario Nacional. Cambiemos reemplazó a la FACA es decir los colegios de abogados del país por la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, una entidad que los gremios vinculan estrechamente al sector empleador y que en cuya conducción se entremezclan personalidades como funcionarios de la última dictadura militar el ex ministro de Justicia de Videla Alberto Rodríguez Varela; Juan Carlos Cassagne, ex presidente de Metrogas y AySa; el constitucionalista Gregorio Badeni y el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. El ex juez de la Corte Suprema (2002) Jorge Vanossi ocupa la presidencia.
"Es otra maniobra para limitar el ejercicio del derecho a huelga", se quejaron ayer varios referentes de la CGT. Y alertaron que la medida está destinada a reducir el alcance de los paros en los servicios de transporte público, pese a que la OIT establece que esas actividades no son consideradas como servicios esenciales.
Una advertencia similar formularon los abogados laboralistas. "Es un intento de restricción del ejercicio del derecho de huelga que se da en un contexto de conflictividad, en una etapa previa a las paritarias y a un proyecto de reforma laboral que va a perjudicar a los trabajadores. Frente a una situación de crecimiento de la conflictividad, lo que el Gobierno está intentando, en vez de resolver los problemas de fondo, es restringir el derecho de huelga que es una libertad que tienen todos los trabajadores y sus organizaciones", denunció Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL). Reprochó, en esa línea, que se elimine de la comisión la representación de los colegios de abogados, "que es un organismo democrático y del que forman parte obligatoriamente todos los abogados, y se ponga la de una academia que es una asociación civil que no es obligatoria y que claramente tiene una marcada presencia de abogados de empresa, entre ellos el propio Funes
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El Gobierno busca limitar derecho a huelga y que el transporte sea un servicio esencial y no pare
En la previa a la reforma laboral, el Ejecutivo modificó la comisión que define qué sector no puede parar y corrió a los abogados laboralistas de la discusión
por ELIZABETH PEGER Y DAVID CAYÓN
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La intención oficial apunta a evitar que el transporte "paralice el país"La intención oficial apunta a evitar que el transporte
El Gobierno modificó unilateralmente la conformación de la "comisión de garantías" un ente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y tiene por objeto determinar las actividades consideradas "servicios esenciales", las que están obligadas a garantizar una prestación mínima sin interrupciones frente a un paro o medida de fuerza.
La decisión, contenida en el decreto 1095/2017 publicado este martes en el Boletín Oficial, fue duramente cuestionada por organizaciones sindicales y laboralistas, quienes advirtieron que la medida constituye un renovado intento oficial por limitar el derecho a huelga en actividades que suelen ser clave para garantizar la contundencia de una protesta.
Esto fue certificado por una fuente del Ejecutivo nacional que reconoció a El Cronista que la estrategia es "avanzar rápidamente en declarar al transporte público un servicio esencial y que no puedan paralizarnos el país".
Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que es un "cambio normativo", pero reconocieron que "se trabajó con Modernización" sobre cuál es un servicio esencial. Consultados sobre el caso del transporte, desde el entorno de Triaca admitieron que "hay un pedido" para que se estudie y que esto "no constituye ninguna restricción al derecho a huelga".
La "comisión de garantías" fue creada por la ley 25.877 para determinar las actividades que pueden ser consideradas como servicios esenciales y que, por lo tanto, deben garantizar una prestación mínima. El artículo 24 establece esas actividades son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Pero la misma norma faculta a la Comisión para incorporar otros sectores cuando una medida de fuerza ponga en peligro la vida, seguridad o salud de la población o cuando se trate de un servicio trascendental.
En 2006 la gestión kirchnerista estableció que la comisión la integren un representante de la CGT, uno de las cámaras empresarias, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Consejo Interuniversitario Nacional. Cambiemos reemplazó a la FACA es decir los colegios de abogados del país por la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, una entidad que los gremios vinculan estrechamente al sector empleador y que en cuya conducción se entremezclan personalidades como funcionarios de la última dictadura militar el ex ministro de Justicia de Videla Alberto Rodríguez Varela; Juan Carlos Cassagne, ex presidente de Metrogas y AySa; el constitucionalista Gregorio Badeni y el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. El ex juez de la Corte Suprema (2002) Jorge Vanossi ocupa la presidencia.
"Es otra maniobra para limitar el ejercicio del derecho a huelga", se quejaron ayer varios referentes de la CGT. Y alertaron que la medida está destinada a reducir el alcance de los paros en los servicios de transporte público, pese a que la OIT establece que esas actividades no son consideradas como servicios esenciales.
Una advertencia similar formularon los abogados laboralistas. "Es un intento de restricción del ejercicio del derecho de huelga que se da en un contexto de conflictividad, en una etapa previa a las paritarias y a un proyecto de reforma laboral que va a perjudicar a los trabajadores. Frente a una situación de crecimiento de la conflictividad, lo que el Gobierno está intentando, en vez de resolver los problemas de fondo, es restringir el derecho de huelga que es una libertad que tienen todos los trabajadores y sus organizaciones", denunció Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL). Reprochó, en esa línea, que se elimine de la comisión la representación de los colegios de abogados, "que es un organismo democrático y del que forman parte obligatoriamente todos los abogados, y se ponga la de una academia que es una asociación civil que no es obligatoria y que claramente tiene una marcada presencia de abogados de empresa, entre ellos el propio Funes
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joseenrique
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Re: PAMP Pampa Energia S.A.
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El Gobierno busca limitar derecho a huelga y que el transporte sea un servicio esencial y no pare
En la previa a la reforma laboral, el Ejecutivo modificó la comisión que define qué sector no puede parar y corrió a los abogados laboralistas de la discusión
por ELIZABETH PEGER Y DAVID CAYÓN
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La intención oficial apunta a evitar que el transporte "paralice el país"La intención oficial apunta a evitar que el transporte
El Gobierno modificó unilateralmente la conformación de la "comisión de garantías" un ente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y tiene por objeto determinar las actividades consideradas "servicios esenciales", las que están obligadas a garantizar una prestación mínima sin interrupciones frente a un paro o medida de fuerza.
La decisión, contenida en el decreto 1095/2017 publicado este martes en el Boletín Oficial, fue duramente cuestionada por organizaciones sindicales y laboralistas, quienes advirtieron que la medida constituye un renovado intento oficial por limitar el derecho a huelga en actividades que suelen ser clave para garantizar la contundencia de una protesta.
Esto fue certificado por una fuente del Ejecutivo nacional que reconoció a El Cronista que la estrategia es "avanzar rápidamente en declarar al transporte público un servicio esencial y que no puedan paralizarnos el país".
Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que es un "cambio normativo", pero reconocieron que "se trabajó con Modernización" sobre cuál es un servicio esencial. Consultados sobre el caso del transporte, desde el entorno de Triaca admitieron que "hay un pedido" para que se estudie y que esto "no constituye ninguna restricción al derecho a huelga".
La "comisión de garantías" fue creada por la ley 25.877 para determinar las actividades que pueden ser consideradas como servicios esenciales y que, por lo tanto, deben garantizar una prestación mínima. El artículo 24 establece esas actividades son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Pero la misma norma faculta a la Comisión para incorporar otros sectores cuando una medida de fuerza ponga en peligro la vida, seguridad o salud de la población o cuando se trate de un servicio trascendental.
En 2006 la gestión kirchnerista estableció que la comisión la integren un representante de la CGT, uno de las cámaras empresarias, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Consejo Interuniversitario Nacional. Cambiemos reemplazó a la FACA es decir los colegios de abogados del país por la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, una entidad que los gremios vinculan estrechamente al sector empleador y que en cuya conducción se entremezclan personalidades como funcionarios de la última dictadura militar el ex ministro de Justicia de Videla Alberto Rodríguez Varela; Juan Carlos Cassagne, ex presidente de Metrogas y AySa; el constitucionalista Gregorio Badeni y el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. El ex juez de la Corte Suprema (2002) Jorge Vanossi ocupa la presidencia.
"Es otra maniobra para limitar el ejercicio del derecho a huelga", se quejaron ayer varios referentes de la CGT. Y alertaron que la medida está destinada a reducir el alcance de los paros en los servicios de transporte público, pese a que la OIT establece que esas actividades no son consideradas como servicios esenciales.
Una advertencia similar formularon los abogados laboralistas. "Es un intento de restricción del ejercicio del derecho de huelga que se da en un contexto de conflictividad, en una etapa previa a las paritarias y a un proyecto de reforma laboral que va a perjudicar a los trabajadores. Frente a una situación de crecimiento de la conflictividad, lo que el Gobierno está intentando, en vez de resolver los problemas de fondo, es restringir el derecho de huelga que es una libertad que tienen todos los trabajadores y sus organizaciones", denunció Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL). Reprochó, en esa línea, que se elimine de la comisión la representación de los colegios de abogados, "que es un organismo democrático y del que forman parte obligatoriamente todos los abogados, y se ponga la de una academia que es una asociación civil que no es obligatoria y que claramente tiene una marcada presencia de abogados de empresa, entre ellos el propio Funes
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El Gobierno busca limitar derecho a huelga y que el transporte sea un servicio esencial y no pare
En la previa a la reforma laboral, el Ejecutivo modificó la comisión que define qué sector no puede parar y corrió a los abogados laboralistas de la discusión
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La intención oficial apunta a evitar que el transporte "paralice el país"La intención oficial apunta a evitar que el transporte
El Gobierno modificó unilateralmente la conformación de la "comisión de garantías" un ente que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y tiene por objeto determinar las actividades consideradas "servicios esenciales", las que están obligadas a garantizar una prestación mínima sin interrupciones frente a un paro o medida de fuerza.
La decisión, contenida en el decreto 1095/2017 publicado este martes en el Boletín Oficial, fue duramente cuestionada por organizaciones sindicales y laboralistas, quienes advirtieron que la medida constituye un renovado intento oficial por limitar el derecho a huelga en actividades que suelen ser clave para garantizar la contundencia de una protesta.
Esto fue certificado por una fuente del Ejecutivo nacional que reconoció a El Cronista que la estrategia es "avanzar rápidamente en declarar al transporte público un servicio esencial y que no puedan paralizarnos el país".
Desde el Ministerio de Trabajo señalaron que es un "cambio normativo", pero reconocieron que "se trabajó con Modernización" sobre cuál es un servicio esencial. Consultados sobre el caso del transporte, desde el entorno de Triaca admitieron que "hay un pedido" para que se estudie y que esto "no constituye ninguna restricción al derecho a huelga".
La "comisión de garantías" fue creada por la ley 25.877 para determinar las actividades que pueden ser consideradas como servicios esenciales y que, por lo tanto, deben garantizar una prestación mínima. El artículo 24 establece esas actividades son los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo. Pero la misma norma faculta a la Comisión para incorporar otros sectores cuando una medida de fuerza ponga en peligro la vida, seguridad o salud de la población o cuando se trate de un servicio trascendental.
En 2006 la gestión kirchnerista estableció que la comisión la integren un representante de la CGT, uno de las cámaras empresarias, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Consejo Interuniversitario Nacional. Cambiemos reemplazó a la FACA es decir los colegios de abogados del país por la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, una entidad que los gremios vinculan estrechamente al sector empleador y que en cuya conducción se entremezclan personalidades como funcionarios de la última dictadura militar el ex ministro de Justicia de Videla Alberto Rodríguez Varela; Juan Carlos Cassagne, ex presidente de Metrogas y AySa; el constitucionalista Gregorio Badeni y el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. El ex juez de la Corte Suprema (2002) Jorge Vanossi ocupa la presidencia.
"Es otra maniobra para limitar el ejercicio del derecho a huelga", se quejaron ayer varios referentes de la CGT. Y alertaron que la medida está destinada a reducir el alcance de los paros en los servicios de transporte público, pese a que la OIT establece que esas actividades no son consideradas como servicios esenciales.
Una advertencia similar formularon los abogados laboralistas. "Es un intento de restricción del ejercicio del derecho de huelga que se da en un contexto de conflictividad, en una etapa previa a las paritarias y a un proyecto de reforma laboral que va a perjudicar a los trabajadores. Frente a una situación de crecimiento de la conflictividad, lo que el Gobierno está intentando, en vez de resolver los problemas de fondo, es restringir el derecho de huelga que es una libertad que tienen todos los trabajadores y sus organizaciones", denunció Matías Cremonte, titular de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL). Reprochó, en esa línea, que se elimine de la comisión la representación de los colegios de abogados, "que es un organismo democrático y del que forman parte obligatoriamente todos los abogados, y se ponga la de una academia que es una asociación civil que no es obligatoria y que claramente tiene una marcada presencia de abogados de empresa, entre ellos el propio Funes
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joseenrique
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Re: PAMP Pampa Energia S.A.
devalueta encubierta???? que % de deuda tiene Pampa en verdes? como la afecta??
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sl.agustinperez
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Re: PAMP Pampa Energia S.A.
joseenrique escribió:http://www.lanacion.com.ar/2096019-el-g ... -economico
Como lo tomara el mercado???
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joseenrique
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joseenrique
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