Miles de jubilados que padecen las demoras de la Anses en la liquidación de sentencias judiciales tienen motivos para ilusionarse. El Estado argentino se comprometió ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a tomar “todas las medidas necesarias” para terminar con las dilaciones. También asumió que cumplirá los parámetros que imponga la Justicia en los fallos previsionales, tales como porcentajes de reajuste de haberes o montos a pagar en retroactivos, que muchas veces son modificados por el organismo de manera unilateral, lo que obliga a promover nuevas demandas. El Gobierno firmó un acuerdo para una “solución amistosa” con un grupo de jubilados que venía promoviendo una causa por violación a los derechos humanos desde 1995.
El convenio quedó sellado durante una audiencia especial de la CIDH en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA). El abogado patrocinante, Sergio Bobrovsky, lo calificó de “histórico” y señaló que se abren expectativas ciertas de terminar con uno de los principales motivos de queja de los jubilados en la actualidad, como es la tardanza en el cumplimiento de sentencias judiciales. Bobrovsky fue quien inició la causa en 1995 junto a Horacio González, en representación de Juan Caride y Amílcar Menéndez, entre otros jubilados. Además de ese abogado, firmaron el acuerdo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, mientras que por el Estado lo suscribieron la Cancillería, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Anses.

5 nov. 2009

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