El Gobierno se hace cargo de juicios contra Repsol en el país
Son de ex empleados y proveedores. Es parte del acuerdo firmado por la expropiación de las acciones de YPF.
El acuerdo con Repsol implica no sólo que los españoles desisten de casi todos sus juicios contra la Argentina y que el Gobierno baja la mayoría de las demandas contra la petrolera: el país también se hará cargo de demandas en tribunales argentinos contra la compañía en su rol de accionista de YPF.
El bloque oficialista de la Cámara de Diputados confía en poder comenzar a analizar la semana próxima el proyecto de ley que avala el acuerdo entre el Gobierno y Repsol, señalaron fuentes legislativas a la agencia Telam.
La Presidenta Cristina Kirchner anunció que el viernes envió al Congreso el proyecto de ley que reclamaron los españoles como aval al acuerdo por el cual recibirán US$ 5,000 millones por el 51% de las acciones de YPF expropiadas. Antes de llegar al recinto, la iniciativa deberá contar con el visto bueno de las comisiones de Presupuesto, de Asuntos Constitucionales y de Energía, por lo que su debate se concretará en el marco de un plenario conjunto, una vez que queden definidas las conformaciones de cada una de esas comisiones, con sus respectivas autoridades, proceso que debería estar concluido antes de que finalice la actual semana.
En el bloque oficialista no descartan incluso que el plenario de comisiones -de conformarse en el menor tiempo posible- pueda comenzar a analizar el proyecto en los próximos días, de manera de acortar los plazos de llegada al recinto para su sanción, aseguró la agencia oficial.
El convenio implica la entrega a Repsol de bonos de la deuda por US$ 6.000 millones, que la empresa podrá vender (o esperar a cobrar) hasta reunir US$ 5.000 millones en efectivo, que es el monto de la indemnización acordada.
Además del pago, el acuerdo implica que la partes desisten de demandas judiciales cruzadas que han acumulado. Así, Repsol debe anular 19 demandas iniciadas en Buenos Aires, Nueva York y Madrid, según consta en el anexo VI del acuerdo. Pero además deberá lograr que se desactiven otras 9 causas contra el país: no le será complejo, son de ejecutivos de la propia compañía.
Por su parte, el Estado argentino se compromete a desistir de toda demanda contra la petrolera española, aunque no se enumera cuáles son. Pero sí se precisa, en el anexo VII, que el país se hará cargo de un grupo de 9 demandas de terceros contra los españoles: son particulares, empresas proveedoras, dueños de campos donde hay explotaciones petroleras; así como las que pudieran emprender ex empleados que reclaman por acciones de YPF. En todos los casos, quien pagará por esos juicios, si correspondiera, será el Estado. Es la cláusula de “indemnidad” a que se comprometió el ministro Axel Kicillof al firmar el acuerdo. También la AFIP deberá certificar que en los juicios iniciados por Repsol o sus ejecutivos, no hay deuda por la tasa de justicia.
En cambio, el acuerdo plantea que pueden seguir adelante las demandas cruzadas que haya o pueda haber entre Repsol e YPF por la transferencia de activos internacionales de YPF o por la responsabilidad por colocaciones accionarias en Nueva York de papeles de la petrolera argentina.
