La pelea con el Gobierno se remonta a la declaración de default de la transportadora, en diciembre de 2008. La empresa no pudo hacer frente al pago de sus obligaciones a causa, sostuvo en ese momento, de la falta de actualización de las tarifas. El Gobierno, a través de la Comisión de Valores, le inició un sumario en ese momento que concluyó la semana pasada con una multa por más de $ 620.000 por ocultar información relevante, como las actas de directorio y de informes trimestrales de Obligaciones Negociables.
