Mensajepor atrevido » Jue Dic 31, 2009 8:29 am
Deuda pública / Controversia por los fondos del Banco Central
El Gobierno debe informar a la Corte por usar reservas
El tribunal intervino en una causa promovida por San Luis; para Boudou, no es una "decisión judiciable"
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Adrián Ventura
LA NACION
La Corte Suprema resolvió ayer intervenir en el conflicto originado por el decreto de la presidenta Cristina Kirchner que ordenó usar reservas del Banco Central para el pago de la deuda y le pidió al Gobierno que le informe en diez días sobre todos los antecedentes de la medida.
La resolución se adoptó en la causa promovida por San Luis contra el Estado nacional, en medio de una fuerte polémica entre el oficialismo y la oposición sobre la validez del decreto presidencial.
La medida fue rechazada por el Gobierno. "Esta no es una decisión judiciable: es una decisión política", afirmó anoche el ministro de Economía, Amado Boudou, a La Nacion.
El jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Angel Pichetto, dio ayer un claro mensaje sobre las intenciones de la Casa Rosada en el uso de las reservas para pagar la deuda: "El Banco Central [BCRA] ya no tiene la autonomía de la época de la convertibilidad; si no, sería más importante presidir el Central que haber sido elegido por el voto popular", afirmó el legislador kirchnerista.
La acción de amparo había sido presentada el lunes último, por disposición del gobernador Alberto Rodríguez Saá, con las firmas del fiscal de Estado, Eduardo Allende, y del ex juez de la Corte Rodolfo Barra.
Rápidamente, el tribunal la giró a la Procuración General, a cargo de Estaban Righi, que en 24 horas propuso que el tribunal se declare competente: esto es lo que finalmente hizo la Corte, ayer, pues las provincias tramitan las causas en la instancia originaria y única de la Corte.
San Luis planteó la inconstitucionalidad del decreto 2010/09, por el cual la Presidenta dispuso crear el Fondo del Bicentenario y afectar 6500 millones de dólares de las reservas del BCRA al pago de la deuda.
Según San Luis, no sólo la medida no fue necesaria ni urgente, porque fue dispuesta apenas pocos días después de la finalización del período de sesiones ordinarias del Congreso, sino que, directamente, la medida es nula e insanable, porque las provincias, por medio de la Constitución, no delegaron en el Poder Ejecutivo sino en el Congreso las atribuciones para regular al BCRA. Y las reservas del Central respaldan la solvencia de las provincias.
Otra deficiencia
Hay, además, otro detalle que debilita el DNU: en la ley de presupuesto nacional, aprobada por el Congreso, se previó una partida idéntica, con igual destino. Según San Luis, al afectarse fondos del Central, se podría estar liberando esto fondos con otra finalidad, lo que producirá inflación.
Ahora, la Presidenta según especifica el oficio que ayer le envió la Corte, tiene un plazo de 10 días para "brindar un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada" y contestar el planteo de inconstitucionalidad del decreto que hizo San Luis.
Como en toda acción de amparo, el juez puede rechazarla in li mine, sin trámite alguno, o dar un primer paso antes de seguir adelante con la causa: pedir el informe que establece el artículo 8 de la ley de amparo. Esto es lo que ayer resolvió la Corte.
El fallo fue firmado por el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, y por los ministros Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.
El Gobierno deberá contestar el informe en diez días. Pero la Corte no se reunirá en la feria para tratar la respuesta, sino que tan sólo estudiará el asunto después de que finalice el receso, en febrero.
La provincia, en realidad, había pedido varios informes detallados: pretendía que la Corte le pidiese informes a la Jefatura de Gabinete, a la Secretaría Legal y Técnica y al Ministerio de Economía sobre los estudios y antecedentes que llevaron a dictar el DNU, y también que requiriese informes al BCRA sobre la real situación de las reservas y los pasivos de la entidad.
La Corte, por ahora, pidió informes al Poder Ejecutivo. Habrá que ver la amplitud de la respuesta.
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